Por Josué Rosendo

La crisis hídrica que se ha manifestado en escenarios distópicos como en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) en 2018; Nuevo León (México) en 2022 y Montevideo (Uruguay) en 2023, ciudades que estuvieron cerca del denominado “día cero”, cuyas consecuencias implicaría dejar de tener libre acceso al agua y establecer un racionamiento más estricto. Ante estos escenarios que sirven de ejemplo sobre una problemática hídrica a nivel global y que desde nuestra realidad local se expresa en la cotidiana escasez en el suministro de agua o el reciente caso del abastecimiento de “agua turbia” en distintas colonias del AMG; se requiere información precisa y confiable sobre el tipo de calidad y reservas de agua potable que se suministra a la población. Un consenso entre investigadores/as y organizaciones sociales es que en Jalisco se carece de información precisa sobre la calidad y el volumen de las reservas de agua superficiales y subterráneas.

La opacidad en la información sobre el tipo de calidad de agua ha impactado de forma negativa en la salud pública, como los casos más emblemáticos está la detección de enfermedades renales y cáncer en niñas, niños y adolescentes que habitan los municipios de El Salto, Juanacatlán, Poncitlán, Ocotlán y Chapala, derivado del uso de pesticidas de la agroindustria. Además de esta contaminación que afecta al AMG y otros municipios se agrega otros aspectos asociados al deterioro de la infraestructura para el suministro de agua potable, como la existencia de tuberías con zarro, mezcla de agua de lluvia con aguas residuales, descargas industriales, extracción de pozos a mayor profundidad y nula capacidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales para el procesamiento de metales pesados.    

Además de la falta de transparencia en temas de salud pública se suma que no se conoce o no se tiene información clara sobre las reservas subterráneas de agua dulce, las que se estima que representa el 29% de los recursos hídricos del AMG. Dicha situación toma relevancia al contemplar que los acuíferos de Tesistán, Atemajac y Toluquilla, que junto al Lago de Chapala y la Presa Calderón, son los principales sistemas de abastecimiento al AMG se encuentran sobrexplotados. La sobreexplotación de estos acuíferos y la extracción de agua a mayor profundidad implica, por un lado, la preocupación del agotamiento de un recurso clave para la vida y, por otro, repercute en afectaciones como el hundimiento de suelos, infiltración de gas, agua salada y compuestos químicos nocivos para la salud.

El acceso y socialización de la información sobre el tipo de calidad y disposición de agua en el estado de jalisco constituye un derecho y posibilita la apertura de un debate público sobre la planificación más adecuada para el manejo de los recursos hídricos. Asimismo, la información representa una herramienta de carácter político y social para cuestionar los modelos de “reordenamiento territorial” y acaparamiento de los recursos hídricos, en una ciudad que se ha caracterizado por un crecimiento inmobiliario desordenado y aumento de la deforestación que debilita el ciclo socio natural del agua. Por su parte, entre los principales aspectos que incide en la falta de transparencia en la información de agua responde a la poca claridad  de las empresas y la complicidad de los gobiernos para dar a conocer los niveles de consumo y tratamiento de agua que es utilizada en sus procesos de producción. Otro aspecto refiere a la falta de una agenda, planeación, equipo técnico y presupuesto de los organismos operadores de agua para monitorear,  procesar, diagnosticar  e informar a la sociedad sobre los riesgos  sanitarios, ambientales y sociales alrededor de los recursos hídricos.

El acceso a la información juega un papel clave para conocer nuestra realidad que nos permita demandar y atender problemas antiguos y emergentes en el corto, mediano y largo plazo. En este sentido, y como parte de otras alternativas ante la limitada transparencia en la información es importante que entre las organizaciones sociales en defensa del agua y el territorio establezcan una alianza con investigadores/as comprometidos/as que doten de asesoría técnica y que a la par de los saberes comunitarios permitan el monitoreo y generación de información sobre los recursos hídricos. Esto sin abandonar la demanda hacia el Estado mexicano sobre su obligación de garantizar el derecho a la información y fundamentalmente respetar el Artículo 4 constitucional, que señala que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.